Desde octubre de 2020, miles de familias de la Cañada Real sufren una privación del suministro eléctrico, que castiga especialmente a quienes residen entre los sectores 5 y 6. El vecindario se ha visto obligado a recurrir a toda clase de alternativas para subsistir, tales como la utilización de leña, velas, generadores o estufas de gas. Este esfuerzo ha supuesto para muchas familias tener que hacer frente a infecciones respiratorias, quemaduras, incendios, caídas o accidentes, así como experimentar sentimientos de miedo e incertidumbre.
Para hacer frente a esta situación, la Cañada Real, junto a distintas personas, asociaciones vecinales y culturales de Cañada y organizaciones integradas en la Plataforma Cívica Luz Ya para Cañada Real, ha emprendido a lo largo de este tiempo diferentes estrategias jurídicas, políticas y de incidencia desde las que exigir el restablecimiento de la luz. La última, una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales firmada por Confederación Sindical de las Comisiones Obreras (CCOO), Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA), Defensa de los Niños Internacional (DCI), Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL), que falló a favor de La Cañada e instó a España a tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la electricidad. La administración, sin embargo, contestó minimizando la gravedad de los daños. Es en este momento, cuando se le solicita al Centro Sira que evalúe a través de un informe los impactos psicosociales que esta situación está teniendo en las personas. De ese documento pericial, surge el informe “La Cañada Responde”, de la mano del Grupo de Acción Comunitaria (GAC).
La publicación destaca daños en las funciones básicas para la supervivencia, como es el deterioro de la higiene personal, de las condiciones de vida en el hogar, o de la alimentación, como consecuencia de que los vecinos no pueden conservar los alimentos en frío o cocinar con luz. El vecindario ha visto mermada su capacidad económica por los gastos que le supone compensar la falta de suministro eléctrico. La compra de generadores, baterías, leñas o ropa de abrigo, supone para 8 de cada 10 entrevistadas mayores dificultades para llegar a fin de mes. Esta situación ha impactado directamente en la salud de la comunidad, en donde se localizan cuadros de ansiedad, de alteración del sueño o enfermedades respiratorias. Muchas personas con dolencias crónicas se enfrentan además al reto de mantener en frío medicamentos o de cargar aparatos médicos, que son dependientes de la luz.
Tras la privación del corte de suministro eléctrico, casi la mitad de las personas entrevistadas afirman necesitar atención en salud mental: El 90,2% siente tristeza de forma habitual; El 82,7% siente rabia por la sensación de injusticia, impotencia y discriminación; y el 68,2% experimenta miedo por no saber qué pasará con su casa, su salud, su futuro y el bienestar de su familia. El informe destaca que un 15,7% tiene ideas de suicidio de forma continuada, vinculadas directamente con la falta de suministro eléctrico.
Del total de las personas entrevistadas, 9 de cada 10 refiere sentir que la privación del suministro eléctrico ataca directamente a su dignidad como persona, mientras que 5 de cada 10, señala haber sufrido discriminación por parte de profesionales de instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o poblaciones vecinas. “No tengo palabras para contar lo complicado que es todo al ser de Cañada Real. Nada más tener en el DNI ese domicilio se discrimina por todo. Da igual donde vayas”, señala una de las personas entrevistadas.
