Los desahucios suelen analizarse desde un único punto de vista: el de quien pierde su vivienda. Es, con diferencia, la perspectiva más urgente y la que menos debería perderse de vista. Sin embargo, en este informe ponemos el foco en quienes son llamados a participar en su ejecución material y qué consecuencias tiene para ellos verse obligados a intervenir en actuaciones que pueden entrar en conflicto con los valores que orientan su profesión. Desde el Centro Sira hemos elaborado Tensar la línea del rescate, una investigación que documenta por primera vez de forma sistemática el impacto jurídico, físico, psicológico y psicosocial que tiene sobre los cuerpos de bomberos y bomberas verse movilizados para colaborar en la ejecución de desahucios.
El contexto
Desde hace años, la Plataforma Bomberxs Contra los Desahucios viene señalando una tensión que rara vez ocupa espacio en el debate público: la que existe entre la función social y humanitaria de los servicios de emergencia y el uso de sus capacidades técnicas para facilitar actuaciones que pueden desembocar en situaciones de grave vulnerabilidad. No se trata de una discrepancia laboral menor. Cuando profesionales cuya misión es proteger vidas cuestionan una orden por considerarla incompatible con esa misión, el conflicto deja de ser interno e impacta tanto a titulo individual como colectivo
La metodología del informe
El informe combina dos aproximaciones. Por un lado, un análisis normativo comparado de las legislaciones autonómicas que regulan las funciones de los cuerpos de bomberos, para determinar si existe alguna base legal que les atribuya la ejecución de lanzamientos. Por otro, una encuesta a 116 profesionales de distintos territorios del Estado —24 con experiencia directa en desahucios y 92 sin ella— sobre percepción de sus funciones, información recibida, riesgos físicos y jurídicos, e impacto emocional y profesional.
Los resultados
El primer hallazgo es normativo: ninguna de las legislaciones autonómicas examinadas atribuye expresamente a los bomberos la ejecución material de lanzamientos. El deber general de colaboración con juzgados y tribunales se ejerce dentro de las competencias propias de cada cuerpo; no crea una competencia nueva ni convierte la capacidad técnica para abrir un acceso en una obligación de garantizar el resultado del desahucio.
Ese vacío normativo se traduce en cifras muy concretas. El 95,6% del personal no movilizado considera que los desahucios exceden las funciones del cuerpo. El 70,8% de quienes intervinieron no fue informado previamente de que la activación estaba vinculada a un desahucio, y el 75% no recibió información al respecto por parte de sus superiores. El desconocimiento jurídico es igual de amplio: el 79% no sabe si existe derecho a la objeción de conciencia y el 72% ignora las consecuencias de negarse a intervenir.
El impacto personal es igual de claro: un 70% señala un impacto alto o extremo, con rabia, vergüenza, estrés, culpa e impotencia como las emociones más frecuentes. Semanas después, un 42% sigue sintiendo culpa muchas veces o siempre. Y frente a todo esto, un 95,8% no ha recibido ningún acompañamiento psicológico institucional; el apoyo entre compañeras y compañeros aparece como el principal amortiguador disponible.
El informe interpreta estos datos como una cadena: la falta de cobertura legal expresa genera ambigüedad sobre el rol de los bomberos; esa ambigüedad se combina con una expectativa institucional de colaboración que las administraciones no aclaran; el conflicto resultante choca con la identidad profesional de rescate y protección; y, sin respuesta institucional, se cronifica como riesgo psicosocial. La literatura especializada tiene un nombre para esto: daño moral, el sufrimiento que aparece cuando una persona se ve obligada a actuar en contra de su propio código ético.
Algunas recomendaciones
La conclusión central del informe no es que haga falta regular mejor la objeción de conciencia. Centrar el debate ahí trasladaría a cada profesional, uno a uno, la responsabilidad de resolver lo que es, en realidad, un problema colectivo de definición de funciones. Por eso las recomendaciones se organizan en tres líneas: excluir expresamente a los bomberos de la ejecución material de los lanzamientos; garantizar información previa y asesoramiento jurídico claro sobre cada activación; y establecer apoyo psicológico institucional y sistemas de seguimiento de los impactos a largo plazo.
Puedes descargar el informe completo, con la metodología detallada y el análisis normativo íntegro, en https://centrosira.org/wp-content/uploads/2026/09/Tensar-la-linea-del-rescate-online.pdf