Diversas organizaciones en defensa de los DDHH han documentado que la tortura es una práctica generalizada en México y empleada impunemente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del país. Especialmente, en el marco de las investigaciones criminales. En 2003, México se convirtió en el primer país en elaborar un mecanismo de documentación e investigación de posibles hechos de tortura basándose en el Protocolo de Estambul (PE), el manual de referencia de la ONU para acreditar éstas prácticas. Lo llamaron dictamen médico- psicológico.
Durante años, el Protocolo de Estambul (PE) ha servido para capacitar a profesionales de la salud, abogadas, psicólogas o defensoras de DDHH en la investigación y documentación – jurídica y clínica – de la tortura y otras formas de malos tratos. Sin embargo, en algunos casos, lejos de servir como una herramienta de acceso a la justicia, el PE ha sido utilizado como un instrumento desde el que ocultar y cronificar este tipo de prácticas.
Durante los últimos 20 años, en México se han emitido multitud de informes y recomendaciones por parte tanto de organismos nacionales e internacionales, como el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas o la organización Physicians for Human Rights. Todas, se referían al uso incompleto e inadecuado del PE por parte del personal de la ex Procuraduría General de la República (PGR), actual Fiscalía General de la República (FGR), poniendo especial énfasis en la falta de equipos multidisciplinarios, de rigor técnico, de ética, y de voluntad y compromiso político.
Frente a este escenario, un grupo de peritos y peritas especialistas en el Protocolo de Estambul, formado por profesionales de la abogacía, la medicina y la psicología, emprendieron una investigación en 2019 para auditar el trabajo de las forenses del Estado, bajo el nombre de “Grupo Independientes”. De este equipo de expertas, formaban también parte miembros del Centro Sira.
