Los pueblos Rama y Kriol, la Comunidad Monkey Point y la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields acusan al Estado de Nicaragua de violar sus derechos al realizar la concesión del mega proyecto "Gran Canal Interoceánico", que atraviesa sus tierras.

Acusan a Nicaragua de violar su derecho a la autodeterminación, a tener medios de subsistencia, a la propiedad comunal, y a un medio ambiente sano. Documentamos y analizamos sus impactos y evaluamos si las acciones del Estado pueden constituir un Entorno Torturante.

Imágenes de la International Bar Association (IBAHRI)

Pau Pérez Sales, ejerció como perito en la audiencia del Caso Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros Vs. Nicaragua, ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en Costa Rica. Las comunidades acusan al Estado de estar violando su derecho a la autodeterminación, a la propiedad comunal y a un medio ambiente sano, a partir de la construcción del «Gran Canal Interoceánico» que atraviesa sus tierras y cuya construcción fue aprobada en el año 2013.

Tanto el pueblo indígena Rama y Kriol, como la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, denuncian haber sido excluidos de participar en la toma de decisiones de este proyecto, a pesar de que el 52% de la ruta del Canal atraviesa sus territorios. Según las demandantes, la ejecución de este megaproyecto obligaría a muchas de sus comunidades a desplazarse forzosamente de sus territorios, abocando a la extinción étnica y cultural de sus poblaciones. 

  • El pueblo Rama y Kriol está compuesto de 9 comunidades indígenas, 6 del pueblo Rama y 3 del pueblo Kriol, incluyendo Bangkukuk Taik, que alberga a los últimos rama parlantes del mundo.

  • La Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields es la comunidad afrodescendiente más número de Nicaragua.

  • Su historia está íntimamente ligada a las comunidades indígenas con características singulares de origen y etnicidad.

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Las comunidades acusan al gobierno de haber realizado diversos ataques contra ellas a lo largo de los años a partir de una militarización del territorio, de la destrucción de su patrimonio o del ahogamiento económico, con el fin de mitigar o minar su resistencia ante el proyecto. Desde el Centro Sira, en nuestra labor como peritos, hemos confirmado y documentado estas acciones, hasta concluir que el Estado nicaragüense habría configurado intencionalmente un Entorno Torturante en las tierras de las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas, con el propósito de quebrar la resistencia contra el proyecto del Gran Canal Interoceánico.

El Estado de Nicaragua, habría realizado de forma recurrente una serie de acciones que, en su conjunto, generan un sufrimiento severo en las personas, que acorde a la Legislación Internacional corresponderían a la definición de tortura. Como peritos, a partir de una revisión bibliográfica, así como de entrevistas a líderes y lideresas de la comunidad, hemos identificado diferentes mecanismos orientados a mitigar la resistencia frente al Canal Interoceánico. La progresiva militarización del territorio; la presencia continuada de colonos armados o grupos paramilitares en la zona; el abandono institucional; la destrucción del patrimonio inmaterial del Pueblo Rama y Creole, así como de su hábitat natural (talas masivas, incendios, etc.); el control de los medios de comunicación; o incluso, la intimidación, chantaje, seguimientos, amenazas y acoso continuado a lideresas y líderes de las comunidades.

Acciones que constituyen un Entorno Torturante

El conjunto de estas acciones, además de provocar una destrucción del territorio, se traducen en desplazamientos forzados, en una polarización de la población, en un sentimiento generalizado e internalizado de angustia, miedo y terror, al tiempo que en un quiebre en la confianza en el Estado, así como en sus órganos de Justicia. Asimismo, estas acciones provocan entre la población el debilitamiento de un músculo vital para la supervivencia de sus tradiciones, tales como una pérdida de las raíces identitarias, el quiebre de los sistemas de cohesión y liderazgo o bien los sistemas familiares de apoyo mutuo. Por otro lado, desde el punto de vista clínico, las personas peritadas presentan trastornos de estrés postraumático, daño traumático a la identidad y percepción del mundo y síntomas de ansiedad y depresión, entre otros.

Con todas éstas evidencias, el director clínico del Centro Sira, Pau Pérez Sales, defendió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como a partir del trabajo realizado durante los últimos meses, podemos concluir que, efectivamente, existe un mapa de acciones emprendidas por parte del Estado con el objetivo de quebrar la resistencia al proyecto del Canal. En este sentido, basándonos en el sufrimiento en términos psicosociales, comunitarios e individuales que presentan las víctimas, podemos comprobar que existe una intencionalidad por parte del Estado y, por tanto, puede concluirse que existen condiciones suficientes para considerar que sus acciones constituyen un Entorno Torturante.

ENTORNOS TORTURANTES

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