Con motivo del Día Mundial Contra la Tortura, junto a la APDHE y La Comuna Presxs, organizamos un evento para reflexionar sobre los impactos de la tortura y los desafíos y retos contemporáneos para erradicarla.
Raji Sourani, abogado defensor de Derechos Humanos en la Franja de Gaza, participó del evento “Voces contra la Impunidad – Diálogos desde Palestina a España por el Día Mundial Contra la Tortura”, que celebramos el pasado 27 de junio, en la Sala de Protocolo del Museo Reina Sofía. En una conversación con Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira, Sourani destacó la situación de indefensión que sufren las personas privadas de libertad en Palestina. “Tenemos registradas miles de personas que están encarceladas sin pruebas, que han sufrido toda la clase de abusos. Cuando compartimos estos datos con organizaciones internacionales, nos dicen que ni siquiera en Guantánamo habían encontrado cosas similares”, afirmó el abogado.
Respecto a los gestos de apoyo hacia Palestina mostrados por diversas organizaciones internacionales, Sourani aprovechó para hacer un llamamiento a la sociedad civil para que continúe manifestándose y valoró positivamente a aquellos países y organismos que han mostrado su condena al genocidio en el país. Sin embargo, el abogado también advirtió de que a Israel no le importa ni el señalamiento de organismos internacionales ni la condena de la opinión pública. Para Sourani, existe una politización del Derecho Internacional, que permite que Israel pueda continuar avanzando en su ofensiva: “Me pregunto si esto pasa porque no somos blancos y europeos. En el caso de Ucrania hubo una condena internacional y jurídica, que no se está dando en el caso Palestino”.
De izq. a derecha, Ana Gordaliza (SAMPAEN); Pau Pérez (Centro Sira); Patricia Fernández (APDHE) y Carlos Serrano (La Comuna Presxs). Centro Sira
Tortura en España
En un primer espacio dedicado a reflexionar en torno a los impactos de la tortura, Pau Pérez Sales moderó una mesa compartida por Carlos Serrano, de la Comuna Presxs, la abogada Patricia Fernández Vicens, de APDHE y Ana Gordaliza, educadora social en Instituciones Penitenciarias y parte de SAMPAEN. Las ponentes centraron sus intervenciones en los retos contemporáneos en la lucha contra la tortura, según su experiencia y área de trabajo.
En un repaso por la actualidad, Carlos Serrano utilizó como ejemplo las denominadas “leyes de la concordia” promovidas por el Partido Popular y Vox, para referirse a los retrocesos en materia de memoria histórica en el país y, con ello, en lo que se refiere al reconocimiento como víctimas de tortura de las personas que fueron encarceladas y torturadas durante el franquismo. “No hablamos solo de impunidad. Estamos viendo cómo se blanquea al franquismo. Se están censurando obras de teatro y conciertos, y creo que todos recordamos esto. Están trazando el camino porque están a favor de las políticas sociales, culturales y económicas del franquismo”, aseguró.
En lo que se refiere a los casos de tortura en Frontera, la abogada Patricia Fernández quiso contextualizar algunas de las situaciones de malos tratos y tortura que enfrentan durante el tránsito migratorio muchas de las personas que viajan desde África a España, y que también se alargan durante el proceso de acogida. “Lo que vemos es que cuando las personas denuncian malos tratos y torturas en el CIE, inmediatamente, se produce su devolución. Nos quedamos sin denunciante y sin posibilidad de denunciar”, aseguró la abogada. “La Convención Contra la Tortura nos obliga a garantizar el derecho a la rehabilitación de las personas que han sufrido tortura en el tránsito migratorio y no tenemos ningún mecanismo para ello. El Estado persiste en devolver a las personas, condenándolas a no poder iniciar ese proceso», añadió.
Las ponentes durante el evento frente al público. Centro Sira.
Utilizando el Informe Sombra presentado a Naciones Unidas el pasado año como referencia, Patricia insistió en la necesidad de prohibir el perfilamiento racial, que somete a una violencia diaria a las personas migrantes que residen en el Estado. “Nos recuerdan los compañeros del barrio de Lavapiés que ellos no cruzan fronteras. Las fronteras las cruzan a ellos. Esta situación se perpetua a lo largo de tu vida. Ser requerido siempre por la policía. Ser objeto de racismo. Me dirijo a ti porque eres distinto», señaló la abogada.
Por último, la educadora social, Ana Gordaliza, reafirmó la necesidad de que las instituciones penitenciarias cuenten con mecanismos independientes, que aseguren la independencia de los partes médicos. “¿Quién vigila al vigilante? Si alguien acude los sanitarios que forman parte de la institución penitenciaria a denunciar lesiones por parte de un funcionario, ¿puede garantizarse la independencia del parte médico?”, se preguntaba.
Durante su intervención, Gordaliza también se refirió a la reciente demanda por parte los sindicatos de prisiones de contar con más personal y más medios de seguridad ante lo que consideran «un incremento de agresiones a trabajadores en los centros«. Para la educadora, recurrir a métodos todavía más coercitivos o dotar de un nuevo estatuto de «agente de autoridad» a funcionarios que no están calificados para ello, no hará más que empeorar las condiciones de los presos, provocando todavía más desgaste. “Las muertes están del lado de las personas que están privadas de libertad, no del nuestro como funcionariado”, aseguró Ana, refiriéndose a los problemas de salud mental que sufren las personas reclusas. Desde el comienzo de 2024, 6 personas se han suicidado en las prisiones catalanas.
