El 93% de las personas migrantes evaluadas por el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura en México señalan haber sido retenidas en condiciones infrahumanas

En 2021, el Senado de la República de México presentó una iniciativa para modificar la Ley de Migración y cambiar el nombre de sus centros de detención migratoria. Las conocidas como “estaciones migratorias”, espacios en los que se retiene a las personas en tránsito y solicitantes de refugio que se encuentran en situación irregular, pasaron a llamarse “centros de protección humanitaria para personas migrantes”. Desde entonces, las autoridades utilizan otras denominaciones tales como “espacios de aseguramiento”, “espacios de alojamiento” o “albergues”, entre otras. Sin embargo, estos términos no son más que eufemismos para encubrir la realidad de unas estructuras que operan como verdaderas instituciones carcelarias, y en las que prevalece la violencia, la precariedad y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Yuriria Salvador y Josué Gómez, miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, denunciaron esta situación durante la presentación del informe “Centros de detención migratoria como entornos torturantes”, elaborado por el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura (GICDMT), una coalición de diversas organizaciones de la sociedad civil. El Centro, que tiene su sede en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, – un punto clave para las personas migrantes y solicitantes de asilo en el país-acompaña a personas en tránsito mediante asesoría legal, apoyo psicoemocional y ayuda para su integración social. Su trabajo aquí es imprescindible y urgente. Según la organización, hasta el 80% de las personas solicitantes de protección internacional, provenientes de países como Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba o  El Salvador, ingresan por esta región.

Yuriria Salvador (CDH Fray Matias) y Belén Santos (Red Interlavapies y CIES No).

Con el objetivo de analizar la estructura de control y detención migratoria en México, el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura (GICDMT) entrevistó a un total de 57 personas (45 hombres y 12 mujeres) que estaban o habían estado detenidas en alguna estación. Del total, el 93% reportó haber estado retenido bajo condiciones infrahumanas: baños sin puertas, hacinamiento, falta de higiene, altas temperaturas y ausencia de un lugar habilitado para dormir, entre otros. “Había solo camas de concreto, con hasta tres personas encima. La mayoría dormía en el piso”, señala uno de los testimonios en el informe.

Por otro lado, el 80,7% de las personas entrevistadas refieren haber sido forzadas a experimentar hambre (70%), sed (30%) o a tener que limitar su necesidad de orinar o defecar (50%). Casi la mitad de los encuestados reportan también haber sufrido una manipulación del paso del tiempo, al estar recluidos en celdas bien sin ventanas o con luz artificial permanente, sin acceso a ningún reloj. El 82% aseguró haber sufrido amenazas de agresiones, ya sea hacia ellos mismos o sus familiares.

Además de las coacciones, hasta siete personas reportaron haber sido sometidos a privación sensorial mediante el uso de vendas, bolsas o capuchas. “Eso es algo controlado. Está destinado a que la persona se desoriente, crezca la incertidumbre, se desespere y luego se ofrece opciones de retorno voluntario”, afirma Josué Gómez, del CDH Fray Matías.

El informe no solo detalla las condiciones de la detención, sino también los impactos psicológicos que estas generan. Más de la mitad de las personas entrevistadas manifestaron haber experimentado una tristeza prolongada, así como sentimientos de rabia, impotencia y, en muchos casos, culpa. Entre los efectos emocionales derivados de la detención, se encuentran también sensaciones de miedo, desconfianza, angustia, desesperación y agotamiento. Algunos incluso reportaron pesadillas, desesperanza e incluso pensamientos autolíticos.

Estos hallazgos revelan que los actos y circunstancias que rodean a la detención migratoria no son eventos asilados, sino que se acumulan y generan efectos combinados en las personas detenidas. Estas acciones tienen como objetivo quebrantar la voluntad de quienes migran, provocando, en muchos casos, consecuencias graves como sentimientos de desesperanza o pensamientos suicidas. El informe concluye que la detención migratoria en México forma parte de una política de disuasión que perpetúa la desigualdad y fomenta sentimientos de miedo e impotencia vinculados a la detención y deportación. Las estaciones migratorias son entornos torturantes que impactan gravemente en la salud de las personas detenidas.

Josué Gómez, Yuriria Salvador, Belén Santos y Andrea Galán durante la jornada «Retención Migratoria», organizada por el Centro Sira.

El 27 de marzo de 2023, un incendio devastador en la estación migratoria de Ciudad Juárez terminó con la vida 40 personas asfixiadas por el humo y dejó a 27 heridas de gravedad. De acuerdo con las autoridades, las personas retenidas, muchas de las cuales llevaban semanas en condiciones de hacinamiento, iniciaron una protesta quemando algunas de las colchonetas del recinto. Diversas investigaciones periodísticas han revelado que los agentes no contaban con extintores para sofocar el fuego, que los detectores de humo no funcionaban, y que incluso algunos oficiales se negaron a abrir los candados de las celdas. Según Josué Gómez, tras el impacto que esta tragedia tuvo en la opinión pública, la Suprema Corte de Justicia estableció que la detención migratoria no puede exceder de las 36 horas, con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas.

Sin embargo, esta medida, que a primera vista parece favorecer la protección de las personas en movimiento, en la práctica ha reducido aún más sus oportunidades para solicitar asilo o regularizar su situación. Según señala Josué, una vez liberadas, las personas enfrentan un “proceso carrusel” diseñado para debilitar su voluntad. Después de salir de las estaciones del sur, las migrantes continúan su camino hacia el norte a pie, en autobuses o en caravanas, solo para ser detenidas nuevamente de forma arbitraria por la policía y devueltas a su punto de partida. Los expertos advierten que esta estrategia busca agotar emocional, física y económicamente a las personas en tránsito, llevándolas a rendirse tras múltiples intentos, hasta decidir regresar a su país. “Es una forma de desdibujar la deportación”, afirma Josué Gómez.

Belén Santos (Red Interlavapies y CIES No) y Andrea Galán (Centro Sira).

En relación con la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, Belén Santos, de Red Interlavapiés y CIEs No, contextualizó las graves condiciones y violencias que enfrentan las personas migrantes detenidas en España. Belén denunció la falta de atención adecuada, resaltando la mala calidad de la comida y las restricciones que enfrentan para salir de sus celdas. También mencionó la falta de transparencia en los recursos disponibles, señalando que hasta hace poco no existía videovigilancia. “Durante nuestras visitas, hemos encontrado a personas con graves dolencias, resultado de palizas sufridas durante su tránsito migratorio o a manos de las Fuerzas de Seguridad”, afirmó Belén. Según el Servicio Jesuita a Migrantes, en 2023, aproximadamente 2.000 personas pasaron una media de 30 días en los CIE.

En este sentido, Belén Santos también enfatizó la escasa información que se proporciona a las personas migrantes. “No se les informa sobre sus derechos, ni se les dice que pueden solicitar Protección Internacional o acudir al Juez de Control”, añadió.

Asistentas a la jornada «Retención Migratoria», en la Parroquia San Carlos Borromeo.

Las participantes de la jornada subrayaron la conexión entre la migración y el lucro económico que generan las empresas privadas a partir de este fenómeno. En el contexto de México, Josué y Yuriria destacaron la significativa presencia de empresas relacionadas con el circuito migratorio, abarcando desde la seguridad hasta el mantenimiento de las estaciones o el transporte que las personas migrantes se ven obligadas a utilizar. Según los expertos, quienes están en movimiento no solo enfrentan posibles casos de corrupción y extorsión, sino que además deben asumir altos costos por los billetes de autobús, la alimentación y el alojamiento.

En el caso de Europa, tal y como señala el informe ¿Quién vigila al vigilante? del Centre Delàs y Centre Irídia, el presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) no ha hecho más que crecer durante los últimos 20 años. Según el documento, se ha pasado de 80 mil euros en 2005, a más de 69 millones en 2020.