Las condiciones de acogida en Frontera Sur agravan el sufrimiento

Las condiciones de los dispositivos de acogida de la Frontera Sur española presentan enormes deficiencias que impactan directamente contra la integridad de las personas migrantes: provocan miedo, angustia, y atacan a su dignidad e identidad. Esta es una de las conclusiones del informe “El Limbo de la frontera”, elaborado por el Grupo de Acción Comunitaria (GAC) y el Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura, Sir[a]. Este documento analiza la situación de las personas atendidas en distintos recursos de acogida distribuidos en Melilla y Canarias, y mide el impacto que éstas tienen en su sufrimiento psicológico.

El informe determina que existen enormes carencias dentro de los dispositivos de acogida. Las personas refieren recibir una alimentación escasa, inadecuada o provista en condiciones poco dignas; tener dificultades para acceder a agua potable; o apenas reciben productos suficientes para su higiene personal. De forma generalizada, las personas que aquí conviven denuncian que lo hacen en condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de privacidad. El texto señala además que muchas personas viven con la inseguridad de sufrir robos. En este contexto, resulta muy difícil para las personas alojadas alcanzar un sueño reparador. 

Más allá de las condiciones materiales, el proceso de acogida sume a las personas en una total incertidumbre. El informe señala cómo un alto porcentaje afirmaba no conocer las normas de funcionamiento del centro que les recibe, bien porque son poco claras, porque no se les explicaron en su idioma nativo, o porque su aplicación se hace de manera arbitraria. A esta incertidumbre, cabe sumar que las personas apenas reciben información respecto a qué pasará con ellas: no saben cuándo saldrán de los recursos, son sometidos a protocolos y leyes cambiantes de las cuales no son informadas, y apenas reciben orientación por parte de los recursos de acogida acerca de cómo regularizar su situación. Del total de los encuestados en  Melilla e Islas Canarias, únicamente la mitad contaron con un abogado para preparar su entrevista de protección internacional.

Fuera de los muros de los centros de acogida, las personas en movimiento también encuentran obstáculos que generan un elevado sufrimiento psíquico. Según señala el informe, las personas entrevistadas refieren haber sufrido situaciones de humillación y deshumanización, tanto por parte tanto de las instituciones, como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el caso de Melilla, un 26,4% de los encuestados refiere haber vivido situaciones de discriminación por parte de la policia o el personal del CETI. En este sentido, los informantes consultados aseguran que en muchas ocasiones las personas migrantes no son atendidas por las instituciones o la Seguridad social, si no están acompañadas por miembros de organizaciones civiles o entidades. 

El informe identifica situaciones similares de deshumanización. Una informadora asegura que a las trabajadoras de los recursos de acogida se les prohibía contactar con las personas usuarias fuera de las instalaciones del Centro, para evitar que empatizasen con ellas. Del mismo modo, el documento recoge un testimonio que asegura que en muchas ocasiones a los recién llegados se les entrega exactamente la misma ropa: “Me dicen que cómo van a encontrar trabajo si van «vestidos con ropa de migrante». Se sienten invisibles y estigmatizados a la vez”. 

“El limbo de la frontera” deja constancia de cómo el proceso de acogida envuelve a las personas migrantes en una sensación constante de atropello, de vulnerabilidad e incertidumbre. Todos, impactos que generan un elevado sufrimiento psíquico y desencadenan emociones como el miedo, la rabia, la desesperanza y la falta de control, al saberse incapaces de dirigir su propia vida. En este sentido, un tercio de las personas entrevistadas relatan haber pensado en alguna ocasión en el suicidio como forma de terminar con la situación. Del total, un 7% en Canarias y un 11% en Melilla aifrman tener ideas recurrentes y sostenidas de autoagresión o suicidio.

Muchas de las personas que ingresan en el territorio español lo hacen con un impacto psicológico derivado de la violencia sufrida en su país de origen y/o durante su trayecto migratorio. Se trata de situaciones de discriminación, de esclavitud, de explotación laboral o de malos tratos y tortura, entre otros. Concretamente, en el informe se señala que entre las personas entrevistadas, el 61,7% en Melilla y el 10,5% en Canarias había sufrido hechos de tortura durante su proceso de huída o tránsito. Es más, la mitad de las personas encuestadas en Canarias presentaba algún tipo de vulnerabilidad o enfermedad, mientras que en Melilla, lo hacía un 70,2% del total. 

Estos datos son particularmente relevantes, dado que señalan la obligación por parte del Estado Español de garantizar la rehabilitación de las personas afectadas. España es firmante de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y, por consiguiente, tiene la obligación de garantizar la reparación y rehabilitación de las personas que lo requieran, independientemente de si los hechos de tortura o malos tratos se han producido dentro o fuera del Estado español. Teniendo en cuenta las deficientes condiciones de acogida queda en evidencia que esta obligación no se cumple.

El Informe se hizo en base a 110 entrevistas semi – estructuradas realizadas a población migrante alojada en distintos dispositivos de acogida. En Melilla, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y un dispositivo temporal ubicado en la Plaza de Toros. En Canarias se entrevistaron a personas que habitaban en diferentes campamentos de reciente implementación:  “Las Raíces”, “Las Canteras” y “Canarias -50”. Además, el informe también se sirvió de entrevistas en profundidad con informantes clave de la sociedad civil. 

“El limbo de la frontera” se enmarca dentro de una serie de investigaciones elaboradas por el Grupo de Acción Comunitaria (GAC) en lugares de retención migratoria, con el objetivo de medir su impacto en las personas. En 2017, se inició una línea de trabajo en las estaciones migratorias de México, y recientemente se publicó el informe “Arquitectura de la tortura en Europa”, en donde se estudian las condiciones del antiguo campo de personas refugiadas de Moria, en Lesbos, donde se evidencia en ambos casos que dichos contextos pueden considerarse entornos torturantes.