El matrimonio, que ha sufrido diversos desahucios de alquiler, interpone una reclamación patrimonial contra la Comunidad de Madrid
Pau Pérez Sales, director clínico del Centro Sira, explicó ante la Sala de lo Contencioso el peritaje realizado por la organización, que analiza los daños psicológicos y el impacto en el proyecto de vida de la familia debido a la falta de respuesta institucional
Desde 2017, Ahmed, Hakima y sus hijos han sufrido diversos desahucios de alquiler. La pérdida de empleo y la falta de ingresos suficientes para afrontar el coste de la vivienda obligaron a la familia a dejar de pagar el arrendamiento de su casa, en la que habitaban desde hacía tiempo. En 2018, tras la ejecución definitiva del lanzamiento, y sin que la Administración les ofreciese ninguna alternativa habitacional digna, la familia fue reubicada en distintos albergues municipales en muy malas condiciones.
Antes de que se llevara a cabo el desahucio, la familia solicitó durante años el acceso a una vivienda social, así como diversas prorrogas y suspensiones. Entre otras razones, justificaron su petición alegando la discapacidad acreditada de dos de sus hijos, el riesgo de exclusión social al que se exponían o el hecho de que la propietaria de la primera vivienda de la que fueron expulsados fuese una persona jurídica que poseía más de 150 inmuebles. Sin embargo, todas las solicitudes fueron desestimadas.
En 2021, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dictaminó que el Estado español tiene la obligación de indemnizar a la familia, por no ofrecerles una alternativa habitacional digna tras el desahucio, pasando por alto su situación de vulnerabilidad.
Ahora, en el marco de una reclamación patrimonial presentada por el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), el matrimonio ha podido ser testigo de la defensa de su caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Como señala el CAES, la denuncia está dirigida contra la Comunidad de Madrid que, según la Constitución y el Estatuto de Autonomía, es la responsable principal en este caso. La demanda argumenta que existe una relación directa entre la inacción la Comunidad y los daños sufridos por la familia.
Impactos físicos y psicológicos
El Centro Sira aportó a la causa un informe pericial que acredita los daños físicos y psicológicos de la pareja y sus hijos, derivados del proceso de desahucio, la estancia en albergues y la inacción de los poderes públicos. Pau Pérez Sales, director clínico de la organización, detalló ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid algunos de los impactos recogidos en el trabajo pericial, entre los figuran sentimientos de humillación, miedo, inseguridad, aislamiento social o percepción de discriminación y deshumanización, entre muchos otros.
El valor reparador de la escucha
A la salida del Tribunal, Javier Rubio, abogado de CAES, junto a la Plataforma Stop Desahucios Móstoles, manifestó su satisfacción con el desarrollo de la audiencia. Las organizaciones destacaron el interés de la jueza en asegurar que todas las partes fueran plenamente escuchadas, y subrayaron el valor reparador de que el matrimonio finalmente haya podido escuchar la defensa de su caso en sede judicial.