Naciones Unidas publicó el pasado 18 de julio su informe sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en España, tras las sesiones de revisión a las que se sometió el Estado los días 2 y 3 de julio
En su 7.º informe periódico sobre España, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido una serie de valoraciones y recomendaciones relativas al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este documento se publica tras el examen al que fue sometido el Estado español los días 2 y 3 de julio en Ginebra, en el marco de las sesiones de revisión periódica que realiza el Comité a los Estados parte del Pacto.
El pasado mes de junio, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, elaboramos un informe alternativo dirigido al Comité, en el que se recogieron algunas preocupaciones clave sobre la situación de los derechos humanos en el Estado español. Parte de estas aportaciones han sido consideradas y recomendadas por el Comité durante el examen de España.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas suspende a España
Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles,inhumanos o degradantes (I)
El Comité urge a España a reformar su legislación para que la definición de tortura se ajuste al derecho internacional. También pide que se grabe de forma obligatoria todos los interrogatorios y que se cree un organismo independiente que investigue las denuncias contra los cuerpos policiales.
Además, lamenta que todavía no se haya investigado ninguno de los más de 5.000 testimonios documentados de personas que habrían sufrido torturas y malos tratos entre 1960 y 2014 en el País Vasco y Navarra.
Libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, y protección de los defensores de los derechos humanos (II)
El Comité alerta de que la vigilancia a defensoras de derechos humanos y a la sociedad civil puede limitar la libertad de expresión y reunión. También le preocupan el uso de programas espía como Pegasus y la infiltración de agentes en movimientos sociales. Insta a que todas las denuncias de vigilancia ilegal se investiguen de forma exhaustiva E imparcial, y que las víctimas accedan a recursos efectivos.
Trato a las personas privadas de libertad y cumplimiento de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas (III)
El Comité alerta sobre graves deficiencias en los centros de detención. Señala problemas en las instalaciones, escasez de personal médico y psiquiátrico, y falta de recursos adecuados para mujeres privadas de libertad. El organismo urge reducir el uso de la incomunicación, la sujeción mecánica y el aislamiento, con el objetivo de avanzar hacia su abolición o, al menos, limitar sustancialmente su duración.
Deportaciones y no devolución (IV)
Urge a España a poner fin a las devoluciones en caliente y a garantizar el cumplimiento del derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Reclama investigaciones rápidas, independientes y transparentes ante denuncias de violencia en frontera, y que se asegure la rendición de cuentas en los casos de Tarajal (2014) y Melilla-Nador (2022).
También lamenta los abusos y el trato discriminatorio denunciado hacia infancias no acompañadas en centros de acogida, así como la falta de separación efectiva respecto de personas adultas.
Lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado (V)
Si bien valora avances como la Ley de Memoria Democrática y la creación de nuevas instituciones, el Comité lamenta que la Ley de Amnistía de 1977 siga vigente y que los procedimientos abiertos desde 2010 por crímenes del franquismo no hayan tenido avances penales efectivos.
También expresa preocupación por las llamadas “leyes de concordia” autonómicas, que omiten las violaciones de derechos humanos y niegan el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Pide avanzar en el proyecto de ley sobre los “bebés robados” y garantizar que ni la amnistía ni la prescripción se apliquen a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura.