En Palestina, el arresto domiciliario constituye una práctica sistemática que afecta profundamente a la población, con especial énfasis en niños y líderes políticos
SARA LÓPEZ MARTÍN | Responsable de Trabajo Jurídico
Durante la última década, se ha producido un aumento constante de países que recurren a mecanismos administrativos extrajudiciales, impuestos por organismos gubernamentales o autoridades administrativas, para restringir las libertades individuales. Es el caso de Turquía, Egipto, Rusia, China, Irán y Túnez, pero también de países como Francia, Reino Unido o Israel.
Entre estos mecanismos, destaca el arresto domiciliario, no como medida alternativa al encarcelamiento por parte de un juez, sino como sanción administrativa. Su peculiaridad reside en varios aspectos: primero, no hay procedimiento judicial, ni sentencia, sino simplemente una resolución de una autoridad, normalmente sin control judicial. Luego, se aplica de forma preventiva, basándose en sospechas sobre comportamientos futuros, y sin ofrecer salvaguardas jurídicas básicas, como conocer la duración de la medida o la posibilidad de recurrirla. Por último, son decisiones no motivadas, precisamente por la ausencia de indicios sólidos para sustentar una medida cautelar de un juzgado, lo que las convierte, de facto y con frecuencia, en medios de control político de la disidencia.
El hogar, tradicionalmente considerado un espacio seguro, se transforma en un entorno coercitivo e inseguro
El arresto domiciliario en Palestina, especialmente en Jerusalén Este, constituye una práctica sistemática que afecta profundamente a la población palestina, con especial énfasis en niños y líderes políticos. Fue introducida como legislación de emergencia en 2015, pero se utiliza de manera continuada desde entonces, sobre todo a menores acusados de lanzar piedras. En 2022, más de 600 niños palestinos fueron sometidos a arresto domiciliario, medida que no se ha aplicado a menores israelíes, lo que sugiere una aplicación discriminatoria de esta política.
El hogar, tradicionalmente considerado un espacio seguro, se transforma en un entorno coercitivo e inseguro, generando consecuencias psicosociales severas tanto para los niños como para sus familias. La imposibilidad de jugar, relacionarse con otros menores o recibir visitas, junto con el sentimiento de culpa por el papel de los padres como custodios del cumplimiento de la orden (Rasras et al., 2023), crea un clima de estrés, tensión y culpabilidad que afecta a la dinámica familiar (Al-Arja, 2022; Chamiel y Walsh, 2018; Shalhoub-Kevorkian, 2021). Las consecuencias incluyen ansiedad crónica, aislamiento social y deterioro académico. Ocho de cada diez menores pierden el curso escolar.
Además, el arresto domiciliario administrativo también se ha usado contra líderes políticos de forma selectiva. En el caso de Adnan Ghaith, exgobernador de Jerusalén, fue sometido a esta medida de forma reiterada durante tres años, con 28 detenciones sin acusación formal. Sufrió vigilancia, confiscación de comunicaciones y redadas violentas en su vivienda, todo lo cual derivó en un colapso económico y sufrimiento psicológico grave para él y su familia. Estas medidas tienen un impacto estructural en las familias palestinas, generando ciclos multigeneracionales de trauma, miedo, estigmatización y exclusión social.
Diversos organismos internacionales han documentado cómo esta forma de detención puede constituir tortura psicológica
Diversos organismos internacionales han documentado cómo esta forma de detención puede constituir tortura psicológica, especialmente cuando es prolongada, sin supervisión judicial y acompañada de vigilancia constante, amenazas, aislamiento y falta de acceso a recursos legales y necesidades básicas. En palabras del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura (Juan Méndez, 2015): “El uso excesivo de restricciones administrativas como el arresto domiciliario prolongado o las órdenes de control sin cargos ni juicio puede resultar en tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En el mismo sentido se han pronunciado el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, que ha su preocupación por el creciente uso de la «justicia preventiva», que elude los procedimientos penales ordinarios para otorgar amplios poderes a la policía.
La práctica del arresto domiciliario en Palestina, tal como se describe en los casos analizados, demuestra que no se trata de una simple medida de seguridad, sino de un mecanismo de control estructural que afecta los derechos humanos más elementales y puede alcanzar el umbral legal y clínico de trato cruel, inhumano o degradante, e incluso tortura.
When home becomes a prison: House arrest as a form of psychological torture
Torture Journal: Journal on Rehabilitaiton of Torture Victims and Prevention of Torture
