Irídia y Novact exponen un Plan de acción con 36 recomendaciones dirigidas al Gobierno, para la creación de un mecanismo independiente de monitoreo de las actuaciones policiales
Pau Pérez Sales y Sara López Martín, junto a expertas del sector, participan en la presentación del Plan
Impulsado por el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, Irídia, y el Instituto Novact de Noviolencia, Pau Pérez Sales, director clínico de Sira, y Sara López Martín, responsable del área jurídica de la entidad y miembro de Legal Sol, respectivamente, han participado esta mañana en la presentación de un documento con recomendaciones dirigido al Gobierno, en cuya elaboración ambos han participado. El «Plan de Acción para la Mejora y Modernización de los Mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas de los Cuerpos Policiales en el Estado español» recoge 36 directrices para que el Estado cumpla con los estándares internacionales sobre transparencia y rendición de cuentas. El documento se divide en tres bloques:
- Creación de un órgano externo e independiente que supervise y analice las actuaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Reforzar los mecanismos internos de rendición de cuentas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Mejorar las investigaciones judiciales y las medidas de atención a las personas afectadas en el marco de actuaciones policiales.
Tal y como señala Irene Urango, referente de incidencia de Irídia, la iniciativa traza “una hoja de ruta en materia de política pública para garantizar la investigación diligente y efectiva de casos que implican una vulneración grave de derechos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. En este sentido, la necesidad de contar con un mecanismo independiente de monitorio de las actuaciones policiales, se trata de una recomendación internacional que diferentes organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han remitido al conjunto de instituciones del Estado español en diversas ocasiones. “¿Por qué un mecanismo de control externo e independiente? Lo que no entiendo es la pregunta. Es lo más normal del mundo que una institución pública se haga controlar. ¿Cómo puede ser la policía una excepción de esto?”, señaló Anja Bienert, referente en materia policial en Amnistía Internacional.
De der. a izq. Pau Pérez (Sira); Sara López (Legal Sol y Sira); Anja Bienert (Amnistía Internacional); Irene Urango (Irídia); Jorge del Cura (CPDT); y Matthew McEvoy (Omega Research Fundation)
Durante su intervención, Sara López expuso algunas de las recomendaciones del Plan de Acción, en lo que a los mecanismos internos de investigación y rendición de cuentas se refiere. Entre otros, el Grupo impulsor identifica (1) deficiencias en la monitorización de las vulneraciones de derechos humanos por parte de los funcionarios; (2) ausencia de cruce de datos por parte de los órganos judiciales y aquellos responsables de asuntos internos; y (3) una ausencia de vías o canales específicos de denuncia para las personas afectadas por la violencia institucional.
El documento, entre otras acciones, plantea la necesidad de que los jefes de los cuerpos policiales presenten memorias anuales con datos desagregados desde las que poder monitorear los diferentes casos de violencia institucional, que incluya formularios de identificación étnico- racial; que agentes cuenten con un número de identificación fácilmente recordable y visible desde los 360º; así como la necesidad de que jueces, abogados y fiscales reciban información específica en materia de Derechos Humanos, y acerca de los estándares internacionales en el uso de la fuerza, entre otros.
Por su parte, Pau Pérez Sales, director clínico de Sira, dedicó su intervención a aquellos puntos relacionados con la rehabilitación de las víctimas. El Plan especifica la necesidad de contar con (1) Ayudas públicas para la rehabilitación integral; (2) Modificación del estatuto de la víctima; y (3) la necesidad de un baremo de inmenización específico para víctimas de violencia institucional: «Actualmente, en ocasiones se utilizan todavía baremos como el de accidentes de tráfico, que no responden en absoluto al daño psicológico y al impacto que estas situaciones tienen sobre las víctimas».
La jornada contó con la presencia de Irene Urango, referente de Incidencia de Irídia; Anja Bienert, de Amnesty International The Netherlands; Matthew McEvoy de Omega Research Foundation, Jorge del Cura, integrante de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y Sara López y Pau Pérez Sales, integrantes del equipo técnico del Centro Sira.
El grupo mantuvo también un encuentro con diferentes diputados y diputadas de la Comisión de Interior, a las que les expuso los diferentes puntos del Plan de Acción.
