Existen leyes que permiten que la violencia policial continúe sin ser debidamente sancionada, perpetuando un ciclo de abuso y violación de derechos humanos
PAU PÉREZ | Director clínico del Centro Sira
El próximo 26 de junio se celebra de nuevo el Día Mundial Contra la Tortura, una fecha significativa para reflexionar sobre los avances y desafíos en la lucha contra el maltrato y la tortura a nivel global. En estos días, es inevitable pensar en los numerosos casos de maltrato policial que durante el último año hemos documentado e investigado en Sira, los cuales se ven amparados por un conjunto de leyes cuya legitimidad democrática es altamente cuestionable. Existen leyes que permiten que la violencia policial continúe sin ser debidamente sancionada, perpetuando un ciclo de abuso y violación de derechos humanos.
Frecuentemente, recibimos testimonios de personas que, tras sufrir violencia policial, son acusadas de atentado o resistencia contra la autoridad. Estas acusaciones suelen ir acompañadas de partes de lesiones ficticios o intrascendentes o incluso elaborados por sanitarios que comparten Administración con la institución policial. Además, la legislación que todo el mundo denuesta y nadie deroga, la Ley Mordaza, establece que la versión del funcionario siempre tiene preeminencia sobre la de la víctima, incluso cuando existen pruebas periciales que contradicen la versión oficial. Este sesgo institucionaliza la impunidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas de abuso policial.
”La implementación de este mecanismo puede marcar un punto de inflexión en la relación entre la comunidad y las Fuerzas de Seguridad.
Este año, acompañamos también de forma integral a las víctimas de infiltración policial, casos en los que se cruzan todos los límites deontológicos profesionales, al servirse de las relaciones afectivas como vía de acercamiento (y quiebre) de quienes forman parte de los movimientos sociales. Estas infiltraciones no solo violan la privacidad y los derechos de las personas, sino que deberían ser motivo de vergüenza para el Estado.
Resulta particularmente pasmosa la falta de voluntad política para implementar las reformas prometidas durante la campaña electoral. En este contexto, saludamos con esperanza la propuesta de creación de un Mecanismo independiente de supervisión de la policía, impulsada por el Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia . Esta iniciativa no solo abre un espacio constructivo de colaboración, sino que también establece estándares de transparencia y respeto a los derechos humanos que deberían ser la norma en toda sociedad democrática. De hecho, es una recomendación internacional que diferentes organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han remitido al conjunto de instituciones del Estado español. La implementación de este mecanismo puede marcar un punto de inflexión en la relación entre la comunidad y las Fuerzas de Seguridad, promoviendo una mayor confianza y cooperación mutua.
”Es crucial que aquellas personas en posiciones técnicas y políticas de toma de decisiones acepten el reto de promover el cambio.
En tiempos en los que Naciones Unidas establece nuevos entándares para el interrogatorio policial – respetuosos con los derechos humanos, es esencial que discutamos la necesidad urgente de reformas legislativas y cambios en las prácticas policiales, así como la implementación efectiva de mecanismos de control ciudadano que garanticen el respeto a los derechos humanos. Es crucial que aquellas personas en posiciones técnicas y políticas de toma de decisiones acepten el reto de promover el cambio.
”En estos días, es inevitable pensar en los numerosos casos de maltrato policial que durante el último año hemos documentado e investigado en Sira, los cuales se ven amparados por un conjunto de leyes cuya legitimidad democrática es altamente cuestionable.
Pau PérezDirector clínico del Centro Sira