El documento, de más de 80 páginas, identifica vulneraciones en materia de migración, centros de privación de libertad, represión policial, memoria histórica, e investigación y documentación de la tortura. Todas, contrarias al mandato de la prohibición absoluta de la tortura que marca la Convención. Entre sus observaciones, en lo que refiere a las actuaciones policiales, las entidades denuncian el uso de material antidisturbios altamente lesivo y potencialmente letal, como son las pelotas de goma en manifestaciones y en frontera; las deficiencias en la identificación policial en sus actuaciones en el espacio público; la falta de transparencia respecto a los protocolos de actuación de cada cuerpo; o la carencia de un mecanismo de control independiente que investigue y fiscalice correctamente las denuncias de abuso, incluidas las relativas al racismo policial. En este sentido, en innumerables ocasiones, organismos internacionales y entidades sociales han denunciado la práctica de redadas por perfil étnico y racial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, algo que el Estado español ha ignorado.
Asimismo, las organizaciones exponen que España incumple los principios de la Convención al permitir las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, alegando que el Derecho Internacional no solo prohíbe las expulsiones colectivas y sumarias, sino también el traslado de una persona a una jurisdicción donde pueda correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. En este sentido, las entidades denuncian diversos casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades fronterizas, destacando los hechos ocurridos el pasado 24 de junio de 2022, en donde tras la actuación por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, se devolvieron de manera sumaria al menos 470 personas. Un año más tarde, se han documentado 77 desapariciones, 37 muertes e innumerables personas heridas tras el suceso.
