El pr\u00f3ximo 20 y 21 de julio, en la sede de la ONU, en Ginebra, Espa\u00f1a presentar\u00e1 ante el Comit\u00e9 contra la Tortura su s\u00e9ptimo informe peri\u00f3dico sobre la implementaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el pa\u00eds. Es por ello, que una red de entidades de la sociedad civil han remitido al Comit\u00e9 un documento, conocido como \u201cInforme Sombra<\/strong>\u201d, que recoge las principales vulneraciones que ha cometido el Estado, con relaci\u00f3n a la no aplicaci\u00f3n de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las organizaciones esperan que el organismo tenga en cuenta las recomendaciones y preocupaciones que recopila este informe a la hora de someter a examen al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n El documento, de m\u00e1s de 80 p\u00e1ginas, identifica vulneraciones en materia de migraci\u00f3n, centros de privaci\u00f3n de libertad, represi\u00f3n policial, memoria hist\u00f3rica, e investigaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de la tortura. Todas, contrarias al mandato de la prohibici\u00f3n absoluta de la tortura que marca la Convenci\u00f3n. Entre sus observaciones, en lo que refiere a las actuaciones policiales, las entidades denuncian el uso de material antidisturbios altamente lesivo<\/strong> y potencialmente letal<\/strong>, como son las pelotas de goma en manifestaciones y en frontera; las deficiencias en la identificaci\u00f3n policial<\/strong> en sus actuaciones en el espacio p\u00fablico; la falta de transparencia respecto a los protocolos de actuaci\u00f3n <\/strong>de cada cuerpo; o la carencia de un mecanismo de control independiente que investigue y fiscalice correctamente las denuncias de abuso, incluidas las relativas al racismo policial. En este sentido, en innumerables ocasiones, organismos internacionales y entidades sociales han denunciado la pr\u00e1ctica de redadas por perfil \u00e9tnico y racial<\/strong> por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, algo que el Estado espa\u00f1ol ha ignorado.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, las organizaciones exponen que Espa\u00f1a incumple los principios de la Convenci\u00f3n al permitir las devoluciones en caliente<\/strong> en Ceuta y Melilla, alegando que el Derecho Internacional no solo proh\u00edbe las expulsiones colectivas y sumarias<\/strong>, sino tambi\u00e9n el traslado de una persona a una jurisdicci\u00f3n donde pueda correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. En este sentido, las entidades denuncian diversos casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades fronterizas<\/strong>, destacando los hechos ocurridos el pasado 24 de junio de 2022, en donde tras la actuaci\u00f3n por parte de las fuerzas de seguridad espa\u00f1olas y marroqu\u00edes, se devolvieron de manera sumaria al menos 470 personas. Un a\u00f1o m\u00e1s tarde, se han documentado 77 desapariciones, 37 muertes e innumerables personas heridas tras el suceso.<\/p>\n\n\n\n \u00bb En la actualidad, cuando una persona solicita una evaluaci\u00f3n cl\u00ednica independiente, esta puede demorar semanas, lo que implica que muchas de las lesiones denunciadas pueda haber ya desaparecido.<\/p>\n\n\n\n \u00bb El Estado no reconoce oficialmente el Protocolo de Estambul, el instrumento de referencia de la ONU para investigar y documentar la tortura.<\/p>\n\n\n\n El informe expone tambi\u00e9n que los juzgados de vigilancia, de instrucci\u00f3n y de inspecci\u00f3n penitenciaria no est\u00e1n sirviendo para investigar y paralizar los casos de malos tratos y tortura que ocurren dentro de los centros penitenciarios<\/strong>. Entre muchas otras medidas, reclaman garant\u00edas para que la persona denunciante pueda acceder a una asistencia letrada<\/strong> desde el primer momento; el acceso a la grabaci\u00f3n de las c\u00e1maras de video<\/strong>, a cuyo material es muy dif\u00edcil de acceder, y el que adem\u00e1s es borrado protocolariamente cada 30 d\u00edas. Asimismo, de cara a garantizar un proceso justo, las entidades exigen que las personas privadas de libertad puedan contar con un parte de lesiones realizado por un profesional independiente, y no por parte del propio servicio m\u00e9dico del centro. En la actualidad, cuando una persona solicita una evaluaci\u00f3n cl\u00ednica independiente, esta puede demorar semanas, lo que implica que muchas de las lesiones denunciadas pueda haber ya desaparecido.<\/p>\n\n\n\n En lo que refiere a la documentaci\u00f3n e investigaci\u00f3n de los casos de tortura, las entidades destacan que Espa\u00f1a, pese a tener 12 condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las alegaciones de tortura<\/strong>, no presenta mejoras significativas en este campo. Hoy, el Estado no reconoce oficialmente el Protocolo de Estambul<\/strong>, el instrumento de referencia de la ONU para investigar y documentar la tortura, y, por tanto, los servicios forenses que ejercen en los juzgados no cuentan con baremos claros para evaluar las alegaciones de tortura y, en consecuencia, sus necesidades. Esta carencia se suma a la falta de pol\u00edticas de reparaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n para las personas supervivientes.<\/p>\n\n\n\n Las entidades de la sociedad civil que firman el informe, reclaman al Estado espa\u00f1ol que cumpla con los preceptos de la Convenci\u00f3n contra la Tortura, resolviendo aquellas cuestiones legales, administrativas y pr\u00e1cticas, que derivan en vulneraciones de derechos humanos, y que en algunos casos, infringen el derecho internacional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n